Desde la Asamblea de Organizaciones, Comunidades, Comunas, Pueblos y Nacionalidades de la Costa Ecuatoriana alzamos nuestra voz ante el grave hecho ocurrido este 14 de abril de 2026, cuando más de 31 familias campesinas del recinto Los Ángeles, en el cantón Durán, han sido desalojadas mediante el uso de la fuerza pública, por orden vinculada a la empresa camaronera TRUPECA S.A.S.

Denunciamos que estas familias han habitado, cuidando y trabajando estas tierras por más de 50 años, construyendo vida, comunidad y sustento. La ejecución de este desalojo, pese a la inexistencia de delito de invasión confirmada por el archivo de denuncias por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Fiscalía, evidencia un uso desproporcionado del poder institucional en favor de intereses privados.

Rechazamos el uso de la Policía Nacional para imponer el despojo de comunidades campesinas, afectando directamente a niñas, niños, personas mayores, mujeres y hombres, y vulnerando su derecho a la tierra, a la vivienda y a una vida digna.

Alertamos que este hecho no es aislado. Forma parte de un patrón más amplio de expansión de la industria camaronera y de intereses agroindustriales e inmobiliarios que avanzan sobre espacios de vida históricamente habitados por pueblos y comunidades, profundizando la desigualdad y la expulsión.

Este proceso se agrava en un contexto nacional en el que el Ecuador ha perdido más del 80% de sus ecosistemas de manglar, debilitando uno de los tejidos de vida más importantes de la costa. Hoy, esta presión no solo arrasa con los territorios del manglar, sino que se expande hacia tierras altas, desplazando a pueblos de ecosistemas marino-costeros o maritorios y extendiendo las fronteras del despojo.

Expresamos nuestra profunda preocupación por los vínculos entre actores empresariales y estructuras de poder que facilitan estos procesos, debilitando las garantías de justicia y protección para las poblaciones rurales cholas, negras y montubias, que sostienen históricamente estos espacios de vida.

Ante esta situación, exigimos:

La suspensión inmediata de los desalojos y garantías de protección integral para las familias afectadas.